viernes, 16 de octubre de 2009

ESTADO DE DERECHO O DERECHO DEL ESTADO


Teóricamente, en un Estado democrático, el poder nace del pueblo que es quien elige a sus representantes. El Estado de Derecho implica la existencia de un Estado democráticamente organizado y que queda legitimado por un conjunto de normas jurídicas que van a regular su funcionamiento. En base a este ordenamiento jurídico, el poder del estado queda definido y delimitado por el derecho.


Para favorecer esta delimitación, aparece la división en los conocidos tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Cada uno de estos poderes tiene determinadas sus funciones y ninguno de ellos puede inmiscuirse en las funciones de los otros, de modo que, todos se controlan entre sí.


La mas avanzada expresión del Estado de Derecho sería el Estado Constitucional del Derecho, en el que la la Constitución, como norma suprema, vincula a todos los poderes públicos para que la cumplan y de este modo sean respetados todos los derechos fundamentales de los ciudadanos que, sin excepción alguna, vamos a ser iguales ante la ley.


En España, constitucionalmente tenemos un "Estado de Derecho", pero, lamentablemente, se va produciendo una peligrosa deriva hacia lo que voy a llamar el "Derecho del Estado" ya que por las muchas situaciones que se están produciendo y que todos los ciudadanos podemos conocer acudiendo simplemente a la prensa diaria, es el Estado el que está violando derechos y libertades constitucionalmente reconocidas a los ciudadanos, es el Estado el que está vulnerando la división de poderes y es el Estado el que marca las pautas del poder legislativo a través de prostituidos pactos incluso con enemigos políticos.


En lo que se refiere a la división de poderes, creo que a nadie se le escapa la cierta politización de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Tampoco se les escapará la politización del Tribunal Constitucional. Y mucho mas claro aun es la dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado, sometido al control del poder ejecutivo.


Y claro, así nos encontramos con casos como el del soplo dado a Joseba Elosua, presunto cabecilla de la red de extorsión de ETA, en el que, tras apartarse del caso el Juez Grande Marlaska, lo retoma el Juez Garzón, y el Fiscal sencillamente se limita a solicitar el archivo. Digamos la verdad, cuando se produjo el soplo el Gobierno estaba negociando con ETA, no interesaban las detenciones y políticamente se ordena el aviso al cabecilla. Después, aun cuando este aviso es claramente delictivo, un Fiscal subordinado y un Juez amigo, deciden dejarlo en el cajón del olvido.


Pensemos en el ya manido caso "Gurtel", en el que se ordenan eschuchas dentro de la propia carcel, entre los presuntos responsables y sus abogados. Aun cuando esto resulta inconstitucional a todas luces, las ordenes son dadas por un Juez a petición del Fiscal. El Fiscal sigue estando subordinado al Ejecutivo y otra vez nos seguimos encontrando con el mismo Juez amigo. ¿no es el Fiscal quien ha de velar por la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos? ¿no es el Juez quien ha de velar para que se cumpla la legalidad?.


Curiosamente, cuando se trata del partido de la oposición, parece que Fiscal y Policía actuan con una inusitada diligencia para perseguir presuntos delitos, pero cuando se trata de investigar presuntas corrupciones en el ámbito del partido que gobierna, parece que ni Fiscal ni Policía tienen el mismo ahinco para perseguir el presunto delito. ¿será casualidad?.


Si hablamos de derechos constitucionales de los ciudadanos, nos encontramos con un sistema de escuchas SITEL que vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad personal y el derecho a la protección de los datos personales. Como ha ocurrido en el caso Gurtel, también se ha vulnerado el derecho de defensa de los presuntos implicados.


Si hablamos de la tutela judicial efectiva, con los graves problemas por lo que atraviesa la obsoleta Administración de Justicia, de los que ya hablé en otros artículos, en muchos casos, esa tutela judicial es una quimera.


En resumen para terminar diría que en España teóricamente tenemos un Estado de Derecho, pero que, paso a paso, poco a poco, estamos evolucionando hacia el Derecho del Estado, lo que resulta verderaderamente aberrante y preocupante en un estado democrático.



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