La fragilidad de
la justicia ante los ciudadanos, cada vez es mayor. Se está generando una clara
pérdida de derechos constitucionales, cuales son la tutela judicial efectiva o
el derecho a una justicia gratuita. Correlativamente, se está produciendo un
empeoramiento en las condiciones de los abogados que prestan sus servicios en
el turno de oficio y una importante degradación de los medios personales y
materiales puestos al servicio de la administración de justicia.
La Ley de Tasas
Judiciales, que aparta de la justicia a los ciudadanos con menos recursos, la
modificación de la Demarcación y Planta Judicial, la Ley de Justicia Gratuita
que va a provocar serios perjuicios para los ciudadanos, además de deteriorar
un servicio público prestado por los Colegios de Abogados, la privatización del
Registro Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la imposición de costas en
los procedimientos Contencioso-Administrativos, o la Ley de Servicios
Profesionales, son reformas legislativas que van a provocar un alejamiento aun
mayor de la administración de justicia para los ciudadanos, que no van a ser iguales
ante la ley, por cuanto que su acceso quedará más limitado para los ciudadanos
más débiles.
Además de esto,
tenemos que hablar, aun a riesgo de ser injusto con muchos jueces o fiscales,
de la manifiesta politización de la Justicia. Hay clara politización desde el
momento en el que el Consejo General del Poder Judicial (órgano que controla el
funcionamiento de los Tribunales), hay un número de jueces elegidos por los
partidos políticos, en razón a su afinidad política o ideológica. Si bien es
cierto que hay muchos jueces que mantienen su neutralidad política, también es
cierto que en los altos puestos de la judicatura, se están colocando jueces
politizados.
Se ha creado un
sistema injusto que genera una sólida protección para personas que ostentan el
poder político e incluso económico, de la que no gozamos todos los demás
ciudadanos. Este sistema, permite que estas personas aforadas terminen con sus
procesos judiciales en Tribunales, donde el Consejo General del Poder Judicial
ha colocado a los Magistrados que les conviene. Es evidente que las reformas
judiciales realizadas en los últimos 25 años, han sido dirigidas a conseguir
una mayor politización tanto del Consejo General del Poder Judicial, como de la
Fiscalía.
Por el
contrario, los gobernantes tanto del PSOE como del PP, igual que han luchado y
luchan para alcanzar una mayor politización del sistema, han dejado a un lado la necesidad de
modernizar la administración de justicia, dotándola de más y mejores medios
tanto materiales como personales, con sistemas procesales más modernos e
informatizados. Han dejado a un lado también la necesidad de valorar el curriculum
de los jueces, magistrados y fiscales, no por su afinidad política o
ideológica, sino por el mérito, capacidad profesional e imparcialidad a la que
se hayan hecho acreedores en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Como ha dicho
recientemente el Fiscal del Tribunal Supremo, Sr. Viada, en un artículo
publicado en un medio de prensa nacional, “la justicia ha sido colonizada por
el poder político que ha conseguido que esta aparezca revestida de la respetabilidad
que confiere la intervención de unos pocos jueces y fiscales que tienen a ver
de manera natural los problemas jurídicos, de la misma manera que la ven
aquellos que los eligen”.
La Justicia
necesita una profunda transformación. Necesita un Pacto de Estado de todos los
partidos políticos para que mediante rigurosos análisis efectuados por quienes
conocen en profundidad el día a día de los Tribunales, desde el Tribunal
Supremo hasta el más modesto Juzgado de Paz, se dejen a un lado definitivamente
todos esos parches, iniciativas absurdas carentes de rigor, se deje a un lado
la injerencia política que recorta y en muchos casos impide el acceso de los
ciudadanos a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucionalmente
reconocido. Ya basta de palabrería
política hueca. Los políticos tienen que reconocer que así no se puede seguir,
que la administración de justicia es un desastre, que los procedimientos
judiciales son arcaicos, que la lentitud es exasperante, que muchos edificios
judiciales se caen, que sus medios materiales son escasísimos.
A mi juicio, esa
profunda transformación, que la Justicia necesita de modo urgente, ha de pasar
por un Pacto de Estado entre los partidos políticos, para que, oyendo a jueces,
fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores y
usuarios, se inicien los procesos de reforma. Este pacto de estado ha de
recoger la independencia de los jueces y del Consejo General del Poder
Judicial, así como una Fiscalía autónoma y una Abogacía libre e independiente.
Para impedir el
presumible agravamiento de la situación, tanto por la ineficacia de las
reformas acometidas como de los proyectos en marcha, de modo inmediato, entre
otras muchas cosas, como objetivo prioritario debería de derogarse la Ley de
Tasas que de modo manifiesto ha establecido una justicia para ricos y otra para
pobres, impidiendo a muchos ciudadanos el acceso a la misma. Debería de
reformarse en profundidad la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debería de
adecuarse la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Debería de resolverse de una vez por todas el
problema de las deficiencias organizativas del sistema judicial eliminando las
sobrecargas de trabajo de los juzgados.
Debería por último mejorarse el servicio a los justiciables, aplicando
la Carta de los Derechos de los Ciudadanos aprobada por unanimidad de todos los
partidos políticos el 16 de Abril de 2002.
¿Será mucho
pedir?
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